El domingo 9 de mayo habrá finalizado el estado de alarma a nivel nacional y, con ello, Burgos no tendrá ni toque de queda ni cierre perimetral a partir de este día. Sin embargo, la Junta de Castilla y León ‘tendrá una batería importante de herramientas’ frente a la COVID-19, afirman fuentes oficiales.
Cambios en las restricciones de Burgos
Alfonso Fernández Mañueco -presidente de la Junta de Castilla y León- ha confirmado que, a partir del domingo 9 de mayo, Castilla y León no tendrá toque de queda ni cierre perimetral. Esto tendrá lugar tras el cese del estado de alarma en España el domingo 9 de mayo.
Asimismo, el Gobierno regional ha anunciado una serie de medidas que tomarán para controlar la situación sanitaria. La más destacada es que los bares y restaurantes de la Comunidad podrán abrir hasta las 12 de la noche y, cuando el nivel de riesgo baje hasta el tramo 2, este horario se ampliará hasta la 1 de la madrugada.
Francisco Igea ha apuntado que ‘no tiene sentido seguir manteniendo una limitación de horarios similar’ al previo al 9 de mayo.
Pese a ello, aún quedan dudas sobre las medidas que tomará la Junta con respecto al aforo de los bares -tanto en interior como en terraza- al igual que en las reuniones sociales de cara al futuro.
El delegado del Gobierno en Castilla y León se muestra optimista con respecto a la situación epidemiológica actualmente en la Comunidad y al ritmo de vacunación. Aún con ello, Mañueco sostiene que ‘es esencial continuar aplicando la prudencia individual y colectiva’.
Alfonso Fernñandez Mañueco además ha criticado la manera de pasar la responsabilidad a las comunidades desde el Gobierno. ‘Sánchez ha abandonado a las comunidades autónomas sin ningún tipo de apoyo legislativo y sin ningún instrumento jurídico nuevo’, afirma Mañueco.
Pese a esto, el Presidente ya ha afirmado en varias ocasiones previas que la Junta seguirá teniendo una batería importante de herramientas para controlar la COVID-19.
De esta manera, tras el 9 de mayo -si no hay ningún cambio en los próximos días- las competencias socio-sanitarias regresan a las Comunidades Autónomas del territorio nacional. Ellas serán las que tendrán que establecer las restricciones que crean convenientes para que el contexto actual, que se ha dilatado durante más de un año, no repita errores del pasado.
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