La crisis económica ha provocado que en muchas familias todos sus miembros estén si trabajo o que hayan visto disminuidos sus ingresos, lo que ha disparado los indicadores de pobreza y de exclusión social. Se trata de una situación grave en la vida cotidiana de los niños, un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos, como el derecho a una vivienda digna, el derecho a la alimentación, a la educación, a la sanidad… Todos consagrados en el Derecho Internacional y en la Convención sobre los derechos del niño, que genera obligaciones específicas para el Estado español.
Sin embargo, de acuerdo con la organización Save the Children, la inversión actual en política social en España, y en la infancia en particular, no puede aún considerarse suficiente para promover un verdadero desarrollo humano y romper el círculo vicioso de desigualdad y transmisión intergeneracional de la pobreza. El porcentaje del PIB destinado a políticas de protección social es del 25,19%, 3,7 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Los profesionales que apoyan a las familias en situación de riesgo de pobreza o exclusión social han constatado un empeoramiento visible de las condiciones de vida de muchas familias.
Lugar:
La Cañada, s/n
