En Los monederos falsos, André Gide se plantea una duda intemporal: “¿De qué sirve prohibir lo que no se puede impedir?”.
La llamada Ley Sinde, que contemplaba el cierre de todas aquellas páginas web que no respetasen los derechos de autor, fue rechazada en el Congreso con los votos en contra de toda la oposición. La ciudadanía española, a través de sus representantes políticos, se ha tomado la pregunta de Gide como retórica y ha obrado en consecuencia: que no se prohíba lo que no se puede impedir.
Los señores Profitendieu y Molinier, en un paseo de vuelta a casa, se encontraron en una tesitura semejante a la que ahora se enfrentan los diputados españoles: ya que no podían impedir que sus respectivos hijos se juntasen con quienes quisieran juntarse, ¿cómo harían para que su educación no se resintiera? ¿Cómo alejarles de las malas compañías? “Los libros que le prohíben leer, el niño los lee a escondidas”, asumen ambos con resignación. Y así el Congreso, resignado: “Las películas que cuestan dinero, los piratas las ven gratis”.
La intervención directa tiene muy mala fama. Basta un golpe en la mesa para que, al otro lado, se eleven a una la espada de la libertad y el pendón de la justicia. Pendón de verbena pirata, por supuesto. Profitendieu y Molinier no aceptan la censura por su inutilidad comprobada. El Congreso no la acepta, además, por su insultante impopularidad. ¿Quién prefiere pagar cinco euros en vez de uno o algo en vez de nada? Nuestros políticos, que se supone que velan para que nadie le legisle en caliente una puñalada al vecino, prefieren aquí el camino corto y se decantan por los dos minutos de gloria de su rédito electoral antes que por dar respuesta a un problema de economía básica: si nadie paga por una cerveza al final no habrá cerveza.
El señor Profitendieu, que acepta la imposibilidad de controlar lo incontrolable, le desvela a Molinier su alternativa a la tijera: “No prohibía la lectura de los malos libros; pero se las arreglaba de manera que sus hijos no sintiesen el menor deseo de leerlos”. Si hay que hablar de libertad hablemos, primero, de responsabilidad. La libertad que reclaman los usuarios para acceder a un servicio pasa, inevitablemente, por aceptar la libertad de quien lo presta para exigir una compensación.
El principal problema que ha encontrado el parlamento para aprobar la ley es la devaluación de la cultura. Nadie protesta por el hecho convenido de que pisos, coches o melocotones cuesten dinero… Pero ¡ay como nos hagan pagar por un poema! Darle a un botón desde el ordenador de casa no es tan arriesgado como entrar de okupa en un edificio, de caco en un concesionario o de gorrón en una frutería. De igual modo, pagarle a Endesa por el recibo de la luz nunca ha generado tantas protestas ni tan floridamente argumentadas como pagarle a Pixar por una de sus películas. Está claro. ¡Y tan oscuro como está!